Marruecos : ¿un nuevo impuesto en el sector inmobiliario ?

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Marruecos : ¿un nuevo impuesto en el sector inmobiliario ?

Ante los rumores que evocan un nuevo impuesto sobre la vivienda en Marruecos, las autoridades lo desmienten. Se trata únicamente de un traspaso de gestión hacia la Dirección General de Impuestos (DGI) y de una digitalización del pago, sin cambio en las normas tarifarias.

La confusión ha ganado recientemente a los marroquíes respecto a la contribución urbana, percibida erróneamente como un gravamen inédito. En realidad, esta percepción emana de un cambio organizacional importante operado desde junio de 2025. La gestión y el cobro de este impuesto ya no corren a cargo de los municipios territoriales, sino que dependen ahora de la tutela directa de la Dirección General de Impuestos. Esta transición abandona los métodos de pago tradicionales en favor exclusivo de plataformas electrónicas, en una iniciativa clara destinada a modernizar la administración fiscal y a simplificar los trámites de los contribuyentes.

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A pesar de esta reorganización administrativa, el modo de cálculo del impuesto sigue siendo estrictamente idéntico y se basa siempre en el valor locativo anual del bien inmobiliario. El sistema mantiene su funcionamiento basado en una tarifa progresiva estructurada en tres tramos de imposición, fijados en el 10%, 20% y 30%. Para preservar los hogares más modestos, la administración fiscal conserva también la exención total vigente para el conjunto de las propiedades cuyo valor locativo no supera el umbral de 5.000 dirhams.

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Los propietarios siguen beneficiándose de las reducciones históricas, en particular la deducción decisiva del 75% concedida sobre la residencia principal. A modo de ejemplo, para un valor locativo de 40.000 dirhams, la cantidad exigida bajará a aproximadamente 500 dirhams para una vivienda principal, frente a cerca de 5.500 dirhams para una residencia secundaria. El mantenimiento de las exenciones temporales, como la gratuidad de cinco años para las viviendas nuevas, confirma que esta reforma se limita a la digitalización de los servicios. La principal interrogante de los observadores se centra ahora en la capacidad de los ciudadanos para apropiarse de estas nuevas herramientas digitales.