Crisis de Ceuta : tras las sospechas contra Marruecos, un informe español no encuentra pruebas
Un informe de la Guardia Civil no ha identificado ni a los organizadores de la movilización digital en torno a Ceuta ni pruebas que la vinculen con el Gobierno o los servicios de seguridad marroquíes. No obstante, estas conclusiones no ponen fin a la investigación judicial española.
La información aparece en una nota publicada el 10 de septiembre por el servicio de estudios del Parlamento Europeo. El documento repasa los cruces masivos del 30 y 31 de julio y las sospechas dirigidas sucesivamente contra Marruecos.
Según el diario El Español, unas imágenes de videovigilancia habían llevado a algunos investigadores a sospechar de la presencia de agentes marroquíes vestidos de civil entre los grupos reunidos en la frontera. Posteriormente, un informe del Centro Nacional español de Inmigración y Fronteras, dependiente de la Policía Nacional, atribuyó un papel activo a miembros de las fuerzas marroquíes.
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La Guardia Civil llevó a cabo por su parte un análisis distinto. Su informe, de seis páginas, se centraba especialmente en la preparación de un nuevo intento de cruce anunciado para el 15 de agosto y comparaba la información publicada por los medios españoles y marroquíes. Los investigadores también estudiaron grupos de Facebook, WhatsApp e Instagram que reunían a aproximadamente 400 000 miembros.
No se identifica a ningún organizador en las redes sociales
A partir de la información disponible en fuentes abiertas, la Guardia Civil afirma no haber logrado identificar a los responsables de la campaña. También indica que no encontró ningún elemento que vinculara esta movilización con el Gobierno marroquí, los servicios de seguridad del reino o una red concreta de traficantes.
Esta conclusión no significa que se hayan descartado todas las acusaciones dirigidas contra agentes marroquíes. El informe de la Guardia Civil examinaba principalmente la campaña digital y la amenaza de un nuevo cruce, mientras que el de la Policía Nacional se centraba más en los acontecimientos observados sobre el terreno los días 30 y 31 de julio. Por tanto, los dos documentos no tienen ni el mismo objeto ni las mismas conclusiones.
La justicia española continúa, además, con sus investigaciones. La jueza María Tardón ha abierto una investigación sobre un posible escenario de « guerra híbrida » para determinar si los cruces fueron coordinados, identificar a sus organizadores y establecer las posibles responsabilidades.
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Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene que, por ahora, ninguna prueba permite atribuir la operación a Rabat. El informe citado por el Parlamento Europeo refuerza esta cautela respecto a la movilización en las redes sociales, sin zanjar las sospechas relativas al comportamiento de ciertos agentes marroquíes en la frontera.
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