Un general español habría ordenado borrar toda referencia a Marruecos de un informe entregado a la jueza

La acusación fue revelada este lunes por la mañana por El Español, que cita a varios miembros de la unidad que trabajó en el caso. El general Antonio Peláez Piñeiro, jefe de inteligencia de la Guardia Civil, habría reunido a sus hombres la semana pasada para pedirles que su informe no siguiera la misma línea que el de la Policía Nacional.

Ese documento anterior había provocado una tormenta política en España. Remitido a la jueza María Tardón, contenía, entre otras cosas, 32 fotografías y sostenía que agentes marroquíes, uniformados o de paisano, habían guiado activamente a migrantes durante los 72 000 cruces registrados hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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Según las fuentes de la Guardia Civil interrogadas por el diario español, su propio trabajo iba inicialmente en la misma dirección. Agentes de la unidad UCE-3 habrían observado, gracias a las cámaras del sistema de vigilancia SIVE, la presencia de miembros de los servicios marroquíes entre los migrantes.

Estos elementos habrían desaparecido finalmente del documento entregado a la Audiencia Nacional. También se habrían descartado informaciones recibidas antes del 30 de julio que alertaban de un riesgo de « entrada masiva ».

Un informe final de cinco páginas

El Español afirma que, después de una primera reunión con sus hombres, Antonio Peláez acudió al director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas. A su regreso, habría vuelto a reunir al equipo encargado del caso. Fuentes internas hablan de « instrucciones políticas », sin que el diario establezca quién las habría dado exactamente.

El informe final, firmado por Antonio Peláez, tendría solo cinco páginas y ya no incluiría las referencias a Marruecos presentes en los trabajos preparatorios.

El caso acentúa sobre todo el contraste entre los distintos servicios españoles. La Policía Nacional remitió a la justicia un expediente que atribuye un papel activo a agentes marroquíes, mientras que el Gobierno sigue negando que existan pruebas que demuestren una organización de la operación por parte de Rabat. No obstante, Pedro Sánchez reconoció que las fuerzas marroquíes habían dejado pasar a migrantes durante unas diez horas antes de recuperar el control de la frontera.

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La jueza María Tardón busca ahora determinar las circunstancias exactas de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio y si estos pueden constituir un atentado contra la independencia del Estado español. Las condiciones en las que se redactaron los distintos informes policiales podrían convertirse ahora en un elemento sensible de la propia investigación.