Marruecos debate : Cámaras en taxis, entre seguridad y privacidad

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Marruecos debate : Cámaras en taxis, entre seguridad y privacidad

La obligación de instalar cámaras de vigilancia en los taxis de primera y segunda categoría debe consagrarse en un texto legal y ser objeto de un estudio de viabilidad, declaró recientemente Abdelouafi Laftit, ministro del Interior.

En una respuesta escrita a una pregunta planteada por el consejero Khalid Saiti, del sindicato de la Unión Nacional de Trabajo de Marruecos, relativa a "la instalación de cámaras de vigilancia en los taxis de las dos categorías", Abdelouafi Laftit indicó que esta medida, vista como "un medio para reducir los problemas que surgen entre los clientes y los taxistas", plantea cuestiones sobre su pertinencia y eficacia. "El uso de cámaras de vigilancia en los taxis y la obligación para los conductores y sus clientes de aceptar esta medida requieren la existencia de disposiciones legales explícitas que lo prevean", precisó.

Esta propuesta también exige "un estudio previo sobre la viabilidad y la posibilidad de adoptar tales disposiciones legales a la luz de los otros textos legales vigentes, en particular las disposiciones de la Ley n° 09.08 relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales", añadió el ministro, recordando que "en ausencia de una base legal que permita imponer el uso de cámaras de vigilancia en los taxis, las autoridades provinciales que supervisan este sector han emprendido un conjunto de medidas organizativas con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados".

Para el miembro del gobierno, la instalación de estas cámaras en los taxis generará "problemas organizativos y técnicos relacionados con la recopilación, conservación y procesamiento de los datos relacionados con las grabaciones, de conformidad con las normas establecidas, que garanticen la seguridad del procesamiento y el respeto de las condiciones destinadas a proteger los derechos de las personas cuyos datos se procesan". El responsable también aseguró que las autoridades provinciales velan "por el control de las condiciones de explotación de los taxis y por el refuerzo de la vigilancia en coordinación con los servicios competentes".

Con este fin, "se definen un conjunto de procedimientos administrativos y sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones, y en caso de constatación de cualquier infracción o violación relacionada con el comportamiento de los conductores hacia los clientes, se toman las medidas necesarias contra los infractores", continuó Laftit, precisando que estas sanciones pueden llegar hasta la retirada definitiva de la autorización de confianza (permiso de confianza). Además, se crean comisiones en las prefecturas y provincias para "estudiar las quejas y las infracciones registradas contra los taxistas, proceder a su evaluación y proponer sanciones contra los infractores".