Las garantías democráticas y constitucionales del plan marroquí para el Sáhara
En abril de 2007, Marruecos presentó a las Naciones Unidas una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía para la región del Sáhara, presentada como un "compromiso realista" para salir del bloqueo político. El documento oficial detalla los principios democráticos, los derechos garantizados y el marco constitucional que regirían la futura región autónoma.
Un estatuto basado en la soberanía y la democracia
El texto subraya que esta iniciativa se enmarca en "la construcción de una sociedad democrática moderna, basada en el Estado de derecho, las libertades individuales y colectivas y el desarrollo económico y social".
Garantiza a todos los saharauis, "dentro y fuera", "su lugar y su papel, sin discriminación ni exclusión, en los órganos e instituciones de la región".
Las poblaciones del Sáhara deben así "gestionar de manera democrática sus propios asuntos a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales con competencias exclusivas".
Estas instituciones funcionarán según principios democráticos y respetando la Constitución del Reino.
Respeto de los derechos fundamentales y anclaje constitucional
El párrafo 24 del documento especifica :
"Las leyes, reglamentos y decisiones judiciales emanados de los órganos de la Región Autónoma del Sáhara deben ser conformes al estatuto de autonomía de dicha Región y a la Constitución del Reino".
Las poblaciones de la región se beneficiarán de todas las garantías constitucionales previstas a nivel nacional :
"Las poblaciones de la Región se beneficiarán de todas las garantías que aporta la Constitución marroquí en materia de derechos humanos tal como son reconocidos universalmente".
La propuesta también prevé que la Constitución marroquí será revisada para incorporar el estatuto de autonomía, "como garantía de su estabilidad y su lugar particular en el ordenamiento jurídico nacional".
Un proceso validado por la población
De conformidad con el principio de autodeterminación inscrito en la Carta de las Naciones Unidas, el texto prevé que el estatuto de autonomía será sometido a una libre consulta referendaria de las poblaciones concernidas.
Este referéndum constituye, según los términos del documento, "el libre ejercicio, por estas poblaciones, de su derecho a la autodeterminación".
Marruecos reafirma su compromiso de cooperar "plenamente con el Secretario General de la ONU y su Enviado Personal" y de negociar "de buena fe, con un espíritu constructivo de apertura y sinceridad".
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