Funcionarios marroquíes convocan huelga nacional ante ultimátum del Ministerio del Interior
Las declaraciones del ministro del Interior Abdelouafi Laftit ante la Cámara de Consejeros condicionando la reanudación del diálogo con los representantes de las colectividades territoriales a la detención de las huelgas provocan la ira de los sindicatos de este sector. Estos últimos prevén una huelga nacional.
La coordinación sindical de las colectividades territoriales que incluye a la CDT, la UGTM, la FDT y la UMT y la Organización Democrática de las Colectividades Locales (ODCL) prevé una huelga nacional los miércoles y jueves 7 y 8 de febrero, así como la organización de una marcha de protesta en Rabat seguida de una sentada frente al Ministerio del Interior, informa el diario Al Ahdath Al Maghribia. Exige un aumento general de los salarios. Reunidos la semana pasada en Rabat, los representantes de la coordinación denunciaron "las deplorables condiciones en este sector como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo de los funcionarios y la restricción de las libertades sindicales ante la persistencia del Ministerio del Interior en cerrar la puerta al diálogo", pero también las presiones ejercidas por el departamento tutelar sobre los presidentes de los consejos electos para proceder a los descuentos en los salarios de los huelguistas. Se trata, según ellos, de una violación manifiesta de las disposiciones de la Constitución de 2011.
La Organización Democrática de las Colectividades Locales (ODCL) llama al Ministerio del Interior a rehabilitar la función pública territorial, valorizar el papel de los recursos humanos, mejorar su situación material y moral y eliminar todas las formas de injusticia, desigualdad y discriminación negativa en su contra. Insiste en la necesidad de acelerar la implementación de un estatuto equitativo e incentivador que valore a los funcionarios de las colectividades territoriales. La organización sindical espera que el departamento de Abdelouafi Laftit reanude el diálogo y satisfaga las reivindicaciones justas y legítimas de los funcionarios de las colectividades territoriales.
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