España expulsa a un agente de sus servicios secretos por temor a un reclutamiento por parte de Marruecos

Laila
España expulsa a un agente de sus servicios secretos por temor a un reclutamiento por parte de Marruecos

El servicio de inteligencia español (CNI) revocó a un agente de origen marroquí en agosto de 2023 en Madrid. La justicia acaba de confirmar esta expulsión, invocando un riesgo de reclutamiento por parte de los servicios secretos de Rabat por falta de lealtad hacia España.

La expulsión se llevó a cabo de manera brutal en la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Después de cuatro años de servicio, este agente contratado fue registrado por la seguridad interna, llevado a recursos humanos y escoltado a la salida sin poder recuperar sus pertenencias. Esta decisión radical se debe a una investigación interna de un año que reveló fallas de seguridad consideradas críticas por la dirección del centro.

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El servicio de inteligencia justifica este despido por un "grave riesgo de seguridad", estimando que la lealtad del empleado hacia España es, como mínimo, "incierta". Según los informes internos citados por El Confidencial Digital, su descontento personal y sus vínculos familiares en Marruecos podrían ser "detectados y utilizados por los servicios de inteligencia marroquíes". Sus viajes no comunicados al extranjero terminaron de sellar su suerte ante sus superiores.

La investigación también señala un comportamiento considerado incompatible con las exigencias del medio. Se acusa al agente de no sentir "ni aprecio ni respeto por la institución" y de haber hecho comentarios despreciativos hacia sus colegas y España. Por su parte, el interesado denuncia un acoso moral por parte de su superior y afirma que sus evaluaciones anuales eran positivas hasta entonces.

Demandado por el ex agente por discriminación, la Audiencia Nacional española rechazó su recurso a finales de marzo de 2026. Los magistrados señalaron que el CNI exige una "confianza extrema" a lo largo de la relación laboral. La justicia considera que la expulsión está motivada por la protección de la seguridad nacional y no por el origen del empleado, confirmando así la pérdida de confianza de la institución.

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El demandante no piensa quedarse ahí y planea agotar todos los recursos, desde el Tribunal Supremo hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.