Diputados en aprietos : La DGI intensifica presión fiscal y rechaza privilegios parlamentarios

Sylvanus
Diputados en aprietos : La DGI intensifica presión fiscal y rechaza privilegios parlamentarios

Varios parlamentarios están descontentos con la Dirección General de Impuestos (DGI). Esta los insta firmemente a cumplir con sus obligaciones fiscales, sin intentar obtener exenciones o reducciones a través de intermediarios políticos.

Los diputados han denunciado una presión que se considera creciente para saldar sus atrasos fiscales. Algunos intentan justificar el incumplimiento de las obligaciones fiscales por la falta de ganancias o el aumento de los costos relacionados con el aumento del salario mínimo en los sectores agrícola e industrial, informa Assabah. Creyendo que se benefician de ciertos privilegios, algunos diputados se han dirigido a los líderes de sus partidos. Estos les han opuesto una negativa rotunda. El ministro delegado de Presupuesto, Fouzi Lekjaâ, también está adoptando una postura firme. Rechaza cualquier mediación política e invita a quienes consideren que se les impone injustamente a ejercer su derecho de apelación en el marco del contencioso fiscal.

Para él, todo contribuyente, ya sea un ciudadano común, un actor económico o un funcionario electo, debe cumplir con sus obligaciones fiscales. De lo contrario, se expone a multas por retraso. Llama a los miembros de las comisiones parlamentarias de finanzas a visitar las oficinas de la DGI para constatar el trabajo riguroso de los agentes, especialmente gracias a un sistema de información avanzado, capaz de detectar incoherencias. No hay abusos ni ajuste de cuentas, sino una firme voluntad de garantizar la equidad fiscal, aseguró Lekjaâ. Y enfatizó : "Quienes obtengan ganancias deben devolver una parte al Estado para financiar infraestructura y programas sociales".

Varios hallazgos están en el origen de esta presión fiscal. Se descubrió que cerca de 3 millones de unidades de producción operaban en el sector informal, generando enormes ganancias, invertidas en activos como bienes inmuebles, oro o automóviles de lujo, evadiendo impuestos. Algunas empresas incluso habrían producido facturas ficticias, "causando importantes pérdidas para el Tesoro Público".