Audiencia Nacional revoca nacionalidad a inmigrante integrado por falta de examen DELE

La Audiencia Nacional ha decidido retirar la nacionalidad española a un marroquí que reside desde hace más de 20 años en Villamante, en la Comunidad de Madrid, con su esposa e hijos españoles, al considerar que no ha aportado prueba de haber superado el examen de dominio del idioma español (DELE).
El marroquí trabaja y se ha integrado en el tejido social de Villamante, donde reside con su esposa e hijos desde hace más de 20 años. No tiene antecedentes penales y nunca ha sido detenido ni multado por una infracción. En 2016, decidió solicitar la nacionalidad española, convencido de que cumplía con todos los requisitos. Presentó su solicitud en línea, adjuntando el justificante de inscripción al examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) del Instituto Cervantes. Pero el marroquí no aportó copias de los títulos requeridos, ni la prueba de haber aprobado el examen de español como lengua extranjera (DELE), obligatorio para los extranjeros que no proceden de países hispanohablantes.
Tras examinar su expediente, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública decidió otorgarle la nacionalidad española en 2022. Sin embargo, posteriormente se comprobó que el procedimiento no se había completado y que las condiciones para obtener la nacionalidad requerían un examen más exhaustivo. En noviembre de 2023, se constató que la nacionalidad española se había concedido al marroquí sin que este hubiera demostrado que cumplía con los requisitos legales, en particular el DELE. El Ministerio de Justicia entonces presentó un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar la anulación de la nacionalidad. Durante este procedimiento, el marroquí aportó los documentos en su poder, pero no probó haber aprobado el examen de dominio del idioma español.
Tras analizar el expediente, la Audiencia Nacional confirmó que el solicitante no había aportado ni demostrado haber superado el examen DELE, ordenando la anulación de la nacionalidad española reconocida al marroquí. Los costes judiciales, estimados en 1.500 euros, corren a cargo del marroquí. La decisión será notificada al registro civil de Villamanta y a otros organismos para anular los derechos y beneficios de los que disfrutaba como español. El marroquí puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si el plazo aún está abierto, o una nueva solicitud de nacionalidad después de haber aprobado los exámenes requeridos.
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