Muerte de un marroquí después de un Taser : España desgarrada por la polémica
La muerte de un marroquí durante una intervención policial ha provocado un enfrentamiento político en España. Mientras que la líder de Podemos califica la intervención de "asesinato" racista, los sindicatos policiales contraatacan en los tribunales, defendiendo la tesis de la legítima defensa ante un individuo agresivo.
La polémica se ha trasladado al terreno judicial el miércoles. El Sindicato Unitario de Policía ha presentado una denuncia contra Ione Belarra por sus declaraciones en las redes sociales. La secretaria general de Podemos había comparado la muerte del marroquí con la violencia de género, exigiendo el cese inmediato de la "violencia policial racista". En respuesta, el sindicato Jupol apoya a los agentes intervinientes, describiendo a un sospechoso que habría gritado "Alá es grande" blandiendo unas tijeras, versión firmemente desmentida por el entorno de la víctima.
Más allá del enfrentamiento político, la investigación se centra en el uso de la pistola de descarga eléctrica. Se cuestiona el protocolo de utilización : el fabricante Axon desaconseja formalmente su uso en personas en estado de agitación, argumento sin embargo esgrimido por la policía para justificar sus disparos. Además, la Dirección General de Policía restringe el uso del Taser a casos de "necesidad extrema". Los allegados de Haitam, apoyados por varios colectivos, reclaman la visualización de las cámaras de vigilancia, afirmando que el hombre no sufría ninguna patología cardíaca y que el incidente inicial se debía a un simple malentendido sobre un cargador de teléfono.
Los hechos se remontan al pasado domingo en un cibercafé de Torremolinos, en el sur del país. Alertados por un presunto intento de robo, ocho agentes intentaron someter a este hombre de 35 años. Para esposarlo, utilizaron dos pistolas Taser, administrando tres descargas de 1.200 voltios. Un vídeo difundido en línea muestra la intervención y se escuchan los gritos del detenido antes de que sucumbiera a un infarto. Esta muerte eleva a cinco el número de personas racializadas fallecidas durante intervenciones policiales en España en el último año.
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