Francia endurece requisitos para residencia : Miles de inmigrantes afectados por nueva normativa

Desde la entrada en vigor en enero pasado de la circular Retailleau, la obtención o renovación de los permisos de residencia en Francia se ha convertido en un verdadero reto.
En una circular enviada en enero a los prefectos, el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, les pidió que endurecieran las condiciones para la regularización de los extranjeros en situación irregular. Jean-Michel Delabre, miembro de la Liga de los Derechos Humanos (LDH), informa que "18.000 expedientes de solicitud en virtud de la admisión excepcional a la residencia" están sobre la mesa de la prefectura de Seine-Saint-Denis, mencionando "recientes abusos" que afectan tanto a los sin papeles como a los extranjeros en regla.
Por un lado, están "los que no logran obtener un permiso de residencia a pesar de haber iniciado los trámites hace prácticamente un año y medio o dos años", y por otro, aquellos cuyas regularizaciones en virtud de la admisión excepcional a la residencia se han bloqueado debido a la circular Retailleau, explica este defensor de los derechos humanos en una entrevista concedida al periódico L’Humanité, lamentando que "los expedientes ya no dan lugar a ninguna cita, ni a la entrega de permisos".
En realidad, la circular Retailleau viene a complicar la vida a miles de extranjeros sin papeles que esperan ser regularizados en Francia. Entre ellos, se encuentran empleados, padres de alumnos, cónyuges de extranjeros en situación regular, estudiantes de secundaria, etc. Todas estas personas que esperaban regularizar su situación en virtud de la admisión excepcional a la residencia, "ven que esta perspectiva se aleja considerablemente", indica el militante de la Liga de los Derechos Humanos.
Por su parte, las prefecturas informan a los extranjeros afectados que deberán presentar un nuevo expediente antes de obtener una resolución favorable, explica Jean-Michel Delabre. Pero, precisa, estos nuevos expedientes se estudiarán "ya no en virtud de la admisión excepcional a la residencia, sino en virtud del derecho común, con muchas menos posibilidades de obtener un permiso de residencia". De hecho, estos extranjeros se encuentran en "una situación insoportable de precariedad social. Saben que corren el riesgo de que se les deniegue la residencia, lo que conlleva automáticamente una orden de expulsión".
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