España lidera Europa en naturalizaciones : El boom migratorio de la era Sánchez

Solo en 2024, la nacionalidad española se otorgó a 221.805 personas de 246.751 solicitudes, lo que representa una tasa de aceptación del 89,92%. En los últimos quince años, los marroquíes encabezan la lista con 430.994 naturalizaciones, seguidos de los ecuatorianos (260.188) y los colombianos (240.188). Pero en 2024, los venezolanos tomaron el primer lugar con 33.021 naturalizaciones, superando a los marroquíes (29.033), los colombianos (27.946) y los ecuatorianos (9.925). Con un promedio anual de 187.895 naturalizaciones, el gobierno de Sánchez muestra cifras sin precedentes, informa El Mundo.

Según las estadísticas, las mujeres latinoamericanas obtienen la nacionalidad con más facilidad que los hombres. Entre los venezolanos, 19.510 mujeres fueron naturalizadas frente a 13.511 hombres. La misma tendencia se observa en Colombia (16.881 mujeres frente a 11.065 hombres), Honduras (10.982 mujeres frente a 2.933 hombres) o Nicaragua (4.761 mujeres frente a 1.524 hombres). Sin embargo, entre los marroquíes, son los hombres los que dominan con 15.511 frente a 13.522 mujeres naturalizadas.

Según Eurostat, España encabeza la lista de países europeos en materia de naturalizaciones. La península ibérica acumuló 243.481 naturalizaciones, es decir, el 22,9% de todas las nacionalidades otorgadas en la Unión Europea en 2023, muy por delante de Italia (214.000), Alemania (200.000), Francia (97.000) y Suecia (68.000). En 2013, las cifras eran más altas para España, alcanzando las 261.295 naturalizaciones.

Esta política de apertura migratoria de Pedro Sánchez no es unánime. Los partidos de la oposición, el Partido Popular (PP) y Vox, abogan más bien por endurecer las condiciones de concesión de la nacionalidad, en particular elevando el nivel de idioma requerido de A2 a B2. "La nacionalidad no se da, se merece", afirmó esta semana el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), durante una intervención. Más de 103.066 solicitudes presentadas entre 2015 y 2024 aún están pendientes de decisión, según el Ministerio de Justicia español.