Escándalo en Marrakech : Lujosa villa turística esconde fraude y decepciones

Said
Escándalo en Marrakech : Lujosa villa turística esconde fraude y decepciones

El tribunal de primera instancia de Marrakech condenó a una empresa inmobiliaria a pagar 10.000 dírhams a un ciudadano. La causa : servicios deficientes e incumplimiento de las promesas en una villa turística alquilada, con sospechas de evasión fiscal incluidas.

El caso, juzgado el miércoles pasado, se refiere a un alquiler del verano de 2024. Un particular había alquilado la villa por 35.000 dírhams a la semana a través del agente M.B. Atraído por unas fotos de WhatsApp halagadoras, el inquilino se enfrentó rápidamente a otra realidad. Según contó al sitio Al3omk, constató graves disfunciones : ventilación, aire acondicionado, jacuzzi, piscina, y problemas de limpieza.

Después de pagar los 5.000 dírhams diarios acordados, los servicios resultaron muy inferiores a lo anunciado. Por lo tanto, el inquilino documentó legalmente la situación, conservando sus intercambios de WhatsApp con el agente. Denuncia de paso la tendencia de algunos intermediarios a sobrevalorar los bienes con servicios inadecuados en temporada alta.

Para respaldar sus declaraciones, un alguacil judicial constató oficialmente el estado de la villa y la ausencia de los equipos prometidos. El denunciante dijo estar particularmente sorprendido por la falta de aire acondicionado funcional en pleno mes de agosto, calificándolo de "violación manifiesta". Además, el recibo financiero entregado, sin IVA ni tasa turística, despertó sus sospechas de evasión fiscal, lo que lo llevó a alertar a la Dirección General de Impuestos.

Aunque indemnizado, el ciudadano considera que "el monto de la indemnización dictada por el tribunal no reflejaba la verdadera magnitud del perjuicio" material y moral. Insatisfecho con esta suma, anunció su intención de apelar parcialmente. Más allá de su caso, hace un llamamiento a una mejor organización del sector del alquiler de villas turísticas y a un estricto control de los intermediarios, considerando que el silencio ante estas prácticas "ya no es aceptable en un Estado de derecho".