Terreno no construido en Marruecos : el nuevo impuesto que va a doler a los propietarios !

Bladi
Terreno no construido en Marruecos : el nuevo impuesto que va a doler a los propietarios !

Marruecos activa su reforma del Impuesto sobre Terrenos No Construidos (ITC), introduciendo una fiscalidad directamente relacionada con el nivel real de equipamiento de las parcelas. Este nuevo dispositivo tiene como objetivo sancionar la retención de tierras y liberar tierras en las grandes aglomeraciones para frenar el aumento de los precios inmobiliarios.

La Ley n°14-25, adoptada en el marco de la Ley de Finanzas, rompe con la antigua zonificación administrativa rígida. De ahora en adelante, el importe del impuesto depende de la disponibilidad efectiva de infraestructuras públicas como carreteras, saneamiento y acceso a las redes de agua y electricidad. Este enfoque permite alinear la presión fiscal con el valor económico y la utilidad real de los terrenos urbanos.

La nueva escala tarifaria se vuelve progresiva para adaptarse a la madurez de los territorios. Los terrenos ubicados en zonas totalmente equipadas soportan un impuesto de entre 15 y 30 dírhams por metro cuadrado. Para las zonas con equipamiento intermedio, la tarifa oscila entre 5 y 15 dírhams, mientras que las parcelas menos servidas se benefician de un régimen reducido de 0,5 a 2 dírhams.

El ejecutivo apunta prioritariamente a la especulación de tierras, responsable de una escasez artificial de suelo en regiones estratégicas como Casablanca, Rabat o Tánger. Al aumentar el costo de retención de los terrenos dejados deliberadamente en barbecho, el Estado incita a los propietarios y promotores a iniciar construcciones o ceder sus activos, favoreciendo así una necesaria densificación urbana.

Los municipios ocupan un lugar central en este dispositivo, siendo el presidente del consejo municipal responsable de delimitar las zonas de equipamiento. Sus decisiones están sujetas al visado del gobernador para garantizar una armonización entre los territorios y limitar los riesgos de litigios relacionados con la interpretación administrativa del estado de las infraestructuras.

El marco legislativo mantiene medidas para proteger la inversión productiva y evitar abusos. Se otorga una exención temporal de tres años a partir de la obtención de un permiso de construcción, con el fin de no penalizar los proyectos en curso de realización. Sin embargo, el rigor fiscal se aplica tan pronto como no se respetan los plazos, asegurando así los ingresos presupuestarios locales.