Francia endurece el acceso a ayudas sociales para inmigrantes legales

Los extranjeros titulares de permisos de residencia en Francia podrían perder el derecho a ciertos beneficios sociales. El Senado acaba de aprobar la propuesta de ley iniciada por la senadora Valérie Boyer (Los Republicanos) con el objetivo de endurecer las condiciones de acceso a estas ayudas para estos últimos.
Según el texto aprobado, solo los extranjeros titulares de un permiso de residencia desde hace al menos dos años podrán beneficiarse de las prestaciones familiares, las ayudas personalizadas a la vivienda (APL) y las asignaciones personalizadas de autonomía (APA). Después de la votación en el Senado, la propuesta de ley deberá ser validada por la Asamblea Nacional antes de ser promulgada. Si entra en vigor, los extranjeros fuera de la Unión Europea, titulares de un permiso de residencia válido, no podrán acceder a estas prestaciones sociales. Tendrán que esperar dos años durante los cuales deberán pagar las cotizaciones sociales sin contrapartida.
Varias asociaciones como Emmaüs, La Cimade, Médicos del Mundo, la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos (ex-Abbé Pierre), Cáritas, Alerta o Gisti, han reaccionado tras la aprobación de este texto por el Senado, denunciando "el establecimiento de una preferencia nacional encubierta". En un comunicado, estas organizaciones han declarado que esta ley introduce "criterios discriminatorios en el acceso a las prestaciones sociales" y que su aplicación conllevaría "una desigualdad de trato entre ciudadanos franceses y residentes extranjeros en situación regular".
La validación de este texto por la Asamblea Nacional conducirá a "una ruptura mayor de igualdad", insisten estas asociaciones caritativas en su comunicado, subrayando que la entrada en vigor de esta ley sumirá a numerosas familias, niños y personas mayores en "la precariedad". Peor aún, este texto va a "poner en tela de juicio el carácter universal de la protección social" que es "una garantía de integración y cohesión", agrega la nota, indicando que este "peligroso precedente" podría "ampliarse" a estudiantes, desempleados e incluso a personas enfermas o con discapacidad.
Más que "generar ahorros" para el Estado, esta medida podría "aumentar otros gastos públicos relacionados con el recurso a dispositivos de emergencia costosos y menos eficaces", observan además estas asociaciones.
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