Escándalo en viñedos franceses : Explotación laboral de marroquíes llega a los tribunales

El fiscal solicitó penas de hasta tres años de prisión efectiva contra estos empleadores. El principal acusado, un hombre de 54 años, y su pareja de 42 años, dirigían una empresa de servicios de viticultura. Se les acusa de haber explotado a los trabajadores marroquíes proporcionándoles una vivienda insalubre y sin respetar las condiciones de trabajo prometidas. Un tercer individuo, un marroquí de 46 años, es procesado por haber servido de intermediario en este sistema.

Las supuestas víctimas afirman haber pagado entre 8.000 y 10.000 euros para venir a trabajar a Francia. A cambio, se les prometía un contrato de cuatro meses pagado al salario mínimo, una vivienda y un permiso de residencia. La fiscal denunció un "sistema muy bien engrasado y rentable" que explota la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros haciéndoles vislumbrar "la esperanza de una vida mejor".

Durante la audiencia, los acusados se culparon mutuamente por el reclutamiento y las sumas percibidas. El principal acusado negó haber recibido dinero, afirmando : "Yo no quería eso. No tomo dinero". Sin embargo, la pareja, ahora sin empleo ni ingresos declarados, no pudo explicar el origen de sus 200.000 euros de facturación ni la existencia de cinco contratos de seguro de vida.

Según la investigación, los contratos de trabajo prometidos nunca se firmaron, los trabajadores laboraban hasta 62 horas semanales sin compensación y no se emprendieron los trámites para obtener permisos de residencia. "8.000 euros por cuatro meses de trabajo es traer mano de obra sin costo. Es crear un proceso para colocar a las personas en una situación de explotación y mantenerlas allí", declaró el abogado de cinco trabajadores. "En derecho, se llama trata de seres humanos, y un poco más allá, esclavitud".

Los trabajadores eran alojados en grupos de 12 en pequeños apartamentos, sin camas ni instalaciones sanitarias suficientes. El principal acusado cuestionó estas acusaciones, afirmando que los demandantes habían proporcionado documentos falsos y que solo buscaban obtener un permiso de residencia.